Una obligación general de conservación de datos impuesta por un Estado miembro a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas puede ser compatible con el Derecho de la Unión, según las conclusiones del abogado general del TJUE.

No obstante, es necesario que esa obligación se rodee de estrictas garantías. Ante el Tribunal se han planteado dos asuntos relativos a la obligación general impuesta en Suecia y en el Reino Unido a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de conservar los datos relativos a las comunicaciones electrónicas.

Fuente: Síntesis diaria